El Periódico de Catalunya - Ed. General

Edición del Sábado 10 de Mayo de 2014

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SÁBADO 4 10 DE MAYO DEL 2014 La protección de la infancia 3 Los efectos del recorte Páginas 2 a 4 LLL La pobreza adolescente en su jaula de hierro E l 82% de los institutos públicos del país hacen ya la jornada continua o compactada. Es una medida reciente aplicada desde hace dos cursos. Nació como un acuerdo de mutuo interés entre los sindicatos docentes de secundaria y Ensenyament, pero con la negativa del profesorado de primaria. Detalle importante. A diferencia de otras autonomías, nuestro profesorado de primaria no acepta la jornada compactada. Hace bien.

    Era en el 2012, en pleno contexto de mareas de protesta contra los recortes de la red pública. No hubo tiempo ni de copiar el conocido modelo finlandés y sus pausas largas entre asignaturas, que combina concentración y descanso con óptimos resultados. No hubo tiempo de planificar y comprometer con ayuntamientos y entidades del tercer sector un uso comunitario de los institutos por las tardes. Tampoco hubo previsión sobre el cierre de cantinas y comedores escolares para las familias más vulnerables que se iban a multiplicar con la crisis.

    Sin abrir ese tiempo necesario de reflexión y sin debate cívico o mediático alguno, cada instituto fue votando la medida con el mayoritario voto a favor de las familias. Es la paradoja del voto cautivo o ciego de las familias en la secundaria y un buen ejemplo de como funciona la llamada micropolítica de la escuela. De hecho, en algún instituto se envió un e-mail para retornar el voto sin ninguna reunión previa de padres. Nos quejamos de la baja calidad democrática de las instituciones, pero su mal funcionamiento comienza en los espacios más próximos. Así la perpetuamos.

    Una decisión tan importante se tomó sin presentar prueba alguna de sus ventajas para los alumnos y su aprendizaje ni de su impacto real sobre las desigualdades. Ningún sindicato de secundaria hizo campaña activa sobre sus consecuencias ni argumentó sus ventajas para el aprendizaje o para las familias más precarias. Lo paradójico es que la mayoría de esos sindicatos de secundaria dicen ser de izquierdas. Se ha extendido una medida que privilegia la conciliación familiar del profesorado y lo compensa por la pérdida salarial debido a los recortes.

    Pero a costa de agravar las desventajas entre sus alumnos y estigmatizar a los que sufren pobreza severa. Análisis Xavier Martínez Celorrio PROFESOR DE SOCIOLOGÍA (uB) Al cerrar los comedores escolares damos una salida asistencialista a lo que debería ser un servicio público renivelador Con los comedores escolares cerrados, los enviamos a los comedores sociales y punto. Acabamos dando una salida asistencialista a lo que debería ser un servicio público renivelador e integrador. Luego los evaluamos y nos quejamos de su mayor fracaso y pobreza formativa. Y decimos que es por culpa de la desigualdad externa a la escuela y que hay que combatirla. Todo coherente.

    Mucho se ha escrito y hablado sobre la malnutrición infantil detectada en las escuelas de primaria. Poco o nada sobre la situación en los institutos de la ESO, porque son el ángulo ciego y silenciado de la pobreza adolescente. La pobreza de los alumnos sigue encerrada en una jaula burocrática de administraciones, intereses gremiales y entidades asistenciales que van cubriendo los agujeros abiertos por nosotros mismos por consentirlo. Todo decepcionante. H @xaviermcelorrio La jornada intensiva lesiona la equidad por un ahorro mínimo MARÍA JESÚS IBÁÑEZ BARCELONA P ocos profesores de instituto ?por no decir que prácticamente ninguno? reprueban el horario intensivo implantado en los centros de secundaria de Catalunya hace dos años. Para la gran mayoría de los docentes, todo son ventajas. Esos pocos que sí se atreven a criticarla, lo hacen con la boca pequeña, apelando a las dificultades que la medida está entrañando para algunas familias. Hay que recordarles que ha habido alumnos que se han quedado sin comedor escolar, para que entonces digan: «¡Ah! ¡Sí! Eso también...».

    Pedagogos y trabajadores del sector social no están en absoluto de acuerdo con la valoración que hacen los profesores, que son parte interesada, en definitiva. La jornada intensiva escolar es, afirman, uno de los recortes educativos que más impacto ha tenido sobre los menores en riesgo de pobreza, «porque quienes pueden pagar, buscan actividades extraescolares o colegios concertados, mientras que los que no tienen recursos han de dejar, muchas veces, a los niños solos en casa», alerta Elena Sintes, doctora en Sociología Pedagogos y educadores avisan de que un niño sin tutela es más vulnerable La medida condena al niño a pasar la tarde solo o a sus familias a pagar extraescolares y autora del informe A les tres a casa?, que analiza los efectos de esta medida, a partir de la experiencia catalana y de distintos países.

    «¿No se dan cuenta de que enviando a los niños a pasar toda la tarde solos, sin el acompañamiento de un adulto, están acrecentando su riesgo de vulnerabilidad?», clama Enric Canet, director del Casal dels Infants en el barrio barcelonés del Raval. Su entidad ha optado por extender los horarios de acogida a los niños y ha ampliado «la oferta de actividades de tarde, con clases de refuerzo escolar y deporte», indica Canet.

    Además, agrega Ismael Palacín, director de la Jaume Bofill, «como medida de austeridad, la jornada compactada tampoco tiene un gran impacto económico, ya que con ella la Administración no se ahorra los sueldos de los profesores, que son la partida más cuantiosa del gasto educativo». «Las facturas de electricidad, calefacción y comedor son una parte muy pequeña para Ensenyament», subraya Palacín.

   DESPLIEGUE DISCUTIBLE / «Desde el punto de vista educativo ?prosigue la socióloga Sintes?, está demostrado que la jornada intensiva tal y como se ha desplegado en Catalunya, con toda la concentración de la carga lectiva en el horario matinal, no aporta una mejora de resultados académicos». Por eso, para intentar elevar el rendimiento de los alumnos, países que aplican ese modelo «están animando a los institutos a aprovechar las tardes para actividades complementarias o extraescolares, lo que incluye muchas veces el servicio de comedor», añade la investigadora. «La lástima es que aquí no se ha sabido aprender de esas experiencias previas. Y no solo de países extranjeros, sino también de otras comunidades españolas», lamenta.

    «Ese ha sido precisamente el problema en Catalunya: si a los 450 centros a los que se les ha autorizado la jornada intensiva, se les hubiera exigido también mantener actividades por la tarde, si se les hubiera pedido mantener el instituto abierto hasta las cinco, en lugar de cerrarlos a cal y canto como hacen muchos ahora, no nos encontraríamos ante estas situaciones», protesta Ismael Palacín.

    Y es que, desde el momento en que el horario compactado se adopta como medida de ahorro (algo que ha reconocido siempre la consellera de Ensenyament, Irene Rigau), «a los institutos se les hace prácticamente imposible conseguir recursos para las actividades de la tarde», señala Sintes. «Y a eso se le suma otro peligro: los chicos afectados están en plena adolescencia, una edad muy, muy complicada, con lo que el resultado puede ser fatal», avisa. H 33 El comedor de la Associació d?Educació Integral Raval, ayer.

   FERRAN NADEu 33 «Las administraciones no alcanzan a universalizar servicios por las tardes y somos las entidades sociales que atendemos a los adolescentes fuera del horario escolar las que actuamos como paliativo sin muchos medios, con profesionales mal remunerados pero sin capacidad de reivindicación y cientos de voluntarios», constata Josep Oriol Pujol, secretario general de la Fundació Pere Tarrés, la entidad que el jueves puso sobre la mesa el problema de los alumnos de instituto que se han quedado sin comedor escolar.

   33 «Pero son las administraciones quienes han de solucionar una situación que ellas mismas han creado», protesta Enric Canet, director del Casal dels Infants. «Y si no lo hacen ellas, al menos que se lo exija el Parlament», propone.

   Las entidades sociales exigen al Govern que solucione el problema que ha creado